5 reclamaciones del sector de las personas con discapacidad para el gobierno que se constituya tras las próximas elecciones

Con independencia del color político del próximo gobierno, el sector de la discapacidad ha preparado una serie de reclamaciones. La Asamblea Ordinaria de CERMI se reunió el pasado lunes y acordó varios puntos de trabajo que presentar al próximo ejecutivo.

Elevar el 0,7 al 1%

El primer punto es también el más evidente. Nuestro sector reclama elevar la asignación tributaria de interés social del 0,7% al 1%. Este impacto ha de notarse tanto en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas como en el Impuesto de Sociedades. Con ello, las entidades contaremos con un mayor nivel de recursos para la labor de extensión de los derechos, la cohesión y la inclusión sociales que viene realizando el tercer sector de acción social.

Esta demanda incluye la petición de un acuerdo global entre las autonomías que conforman España. Así, con una firme intención de permanencia se conferirá estabilidad a este flujo de financiación. Además, se podrán cubrir tanto aquellos proyectos de ámbito estatal como las iniciativas de interés autonómico.

Abandonar el modelo subvencional por una cooperación estable

Otra de las reclamaciones que el sector de la discapacidad traslada al próximo gobierno pasa por la regulación reglamentaria del estatuto jurídico de las entidades sociales colaboradoras de la Administración General del Estado. Se trata, en otras palabras, de cimentar el modelo cooperativo entre la Administración y la sociedad civil. Consiste, en última instancia, en abandonar el modelo subvencional imperante y fijar una cooperación estable entre el Estado y el tejido social representativo.

Modificar leyes que perjudican a los servicios sociales

Otra de las premuras identificadas por el CERMI pasa por la modificación de la normativa legal vigente en materia de desindexación. El propósito de estas reformas consiste en evitar los efectos lesivos indeseables que estas limitaciones legales provocan en los servicios sociales gestionadas por las entidades del tercer sector. Esta carga de trabajo, por cuenta y delegación de las Administraciones públicas, es especialmente asumida por las asociaciones de discapacidad organizada.

Reorientación de fondos europeos a objetivos sociales

CERMI también señala la importancia de destinar financiación europea a objetivos ambiciosos de cohesión social. Por ello, reclama «la reorientación firme y enérgica de los mecanismos y dispositivos de financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y de los Fondos Estructurales de la Unión Europea». En ese sentido, señala a las entidades no lucrativas de iniciativa social, que considera deben ser «agente colaborador preferencial en la gestión de esos fondos».

Legislación autonómica sobre concierto social

Finalmente, el Comité reclama que a través de los CERMIS Autonómicos se llegue a acuerdos con los gobiernos de las comunidades en torno a la legislación sobre concierto social. La propuesta pasa por abrirla únicamente a la iniciativa cívica social e incorporar disposiciones legales que actualicen el impacto en la gestión social de la subida de costes y precios derivados de la negociación colectiva o de la inflación.

ASPAYM Murcia