El Congreso de los Diputados ha aprobado la reforma de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia y de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, una modificación largamente reivindicada por el movimiento asociativo de la discapacidad y que introduce importantes avances para las personas con discapacidad y sus familias.
Aunque el texto deberá completar su tramitación parlamentaria antes de su entrada en vigor definitiva, la reforma incorpora medidas que pretenden reforzar la autonomía personal, facilitar el acceso a recursos y eliminar barreras administrativas que durante años han dificultado el ejercicio de derechos.
La autonomía personal, en el centro del sistema
Uno de los cambios más significativos es que la autonomía personal deja de entenderse únicamente como un principio inspirador para convertirse en un derecho que debe guiar todas las actuaciones de las administraciones públicas.
Esto supone avanzar hacia un modelo en el que las personas puedan participar activamente en las decisiones que afectan a su proyecto de vida, favoreciendo apoyos personalizados y respetando su voluntad, preferencias y necesidades.
Este enfoque se alinea con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y con el modelo de vida independiente que desde hace años defienden entidades como Impulsa Igualdad.
Menos trámites para acceder a los derechos
La reforma también incorpora medidas destinadas a simplificar algunos procedimientos administrativos.
Entre ellas destaca que las personas que obtengan un reconocimiento de dependencia podrán acceder automáticamente a un grado equivalente de discapacidad, evitando tener que iniciar un segundo procedimiento administrativo para acreditar su situación.
Con ello se pretende reducir tiempos de espera, evitar duplicidades y facilitar un acceso más ágil a prestaciones, servicios y recursos.
Más apoyos para favorecer la vida independiente
El nuevo texto amplía el alcance de la asistencia personal, eliminando el límite de edad para acceder a este recurso y reforzando su papel como herramienta para favorecer la autonomía, la inclusión social, el acceso al empleo, la educación y la participación comunitaria.
Asimismo, reconoce nuevas formas de apoyo a las personas cuidadoras, ampliando esta figura más allá del entorno estrictamente familiar y adaptándola a las distintas realidades de convivencia.
También se contemplan nuevas fórmulas de atención, como las viviendas con apoyos, el fortalecimiento de la atención temprana y la extensión de la teleasistencia para todas las personas con dependencia, independientemente del grado reconocido.
La accesibilidad se reconoce como un derecho
Otro de los aspectos más destacados de la reforma es el reconocimiento expreso de la accesibilidad universal como un derecho exigible.
Esto implica reforzar la obligación de garantizar que edificios, espacios públicos, transportes, tecnologías, comunicaciones, servicios y entornos puedan ser utilizados por todas las personas en igualdad de condiciones.
Además de la accesibilidad física, la norma impulsa también la accesibilidad sensorial, comunicativa y cognitiva, promoviendo el uso de herramientas como la lengua de signos, el subtitulado, la audiodescripción y la lectura fácil.
Una financiación más estable para el Sistema de Dependencia
La reforma establece por primera vez un compromiso de financiación mínima por parte del Estado, que deberá asumir al menos el 50 % del gasto certificado por las comunidades autónomas en materia de dependencia.
El objetivo es reforzar la sostenibilidad del sistema y favorecer una atención más homogénea en todo el territorio, reduciendo las desigualdades existentes entre comunidades autónomas.
Un avance que deberá traducirse en mejoras reales
Desde ASPAYM Murcia valoramos positivamente todas aquellas medidas que contribuyan a reforzar los derechos, la autonomía personal y la calidad de vida de las personas con discapacidad.
No obstante, el verdadero impacto de esta reforma dependerá de su desarrollo reglamentario, de la financiación disponible y de su aplicación efectiva por parte de las administraciones competentes.
Reducir los tiempos de espera, garantizar una atención centrada en la persona, ampliar los apoyos para la vida independiente y hacer efectiva la accesibilidad universal seguirán siendo retos fundamentales para avanzar hacia una sociedad más inclusiva.
Porque el reconocimiento de derechos solo cobra verdadero sentido cuando se convierte en una realidad en la vida cotidiana de las personas.