El caso de María Clares Moya vuelve a poner sobre la mesa las dificultades reales a las que se enfrentan muchas personas con discapacidad en el acceso y mantenimiento del empleo.
Graduada en Psicología y con el máster habilitante en orientación educativa, María llevaba desde 2023 trabajando como orientadora en un instituto público de Madrid. Durante ese tiempo, desempeñó su labor como interina, acompañando a su alumnado y demostrando, en su día a día, su capacidad profesional.
Sin embargo, en 2025, su situación dio un giro inesperado. Al presentarse nuevamente a un proceso selectivo para estabilizar su plaza, descubrió que había sido excluida por figurar como “no apta” en un informe emitido por la administración.
Lo más llamativo del caso es que, según denuncia la propia afectada, nunca fue evaluada ni informada previamente de ese dictamen.
De ejercer con normalidad a quedarse sin trabajo
La decisión administrativa no solo le impidió participar en las oposiciones, sino que también supuso su salida de la bolsa de interinos, dejándola sin empleo de forma inmediata.
María insiste en que su situación personal no ha cambiado: su parálisis cerebral —con un grado reconocido del 85%— es la misma que tenía cuando accedió al puesto. “He demostrado durante dos años que puedo hacer mi trabajo”, explica, subrayando que su desempeño nunca fue cuestionado mientras estuvo en activo.
Además, recalca que nadie de la administración realizó un seguimiento o valoración directa de su trabajo durante ese periodo.
Falta de transparencia y silencio administrativo
El proceso ha estado marcado, según denuncia su entorno legal, por la falta de información. Su abogada asegura que no han tenido acceso al informe completo que justifica la no aptitud, pese a haberlo solicitado en varias ocasiones.
Tampoco se ha facilitado el expediente completo ni se han obtenido respuestas claras por parte de la administración. Incluso tras la presentación de alegaciones y recursos, la respuesta ha sido el silencio.
Esta ausencia de explicaciones dificulta cualquier vía de defensa jurídica, ya que, sin conocer los motivos concretos, resulta complicado impugnar la decisión.
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La asistencia personal: clave para trabajar en igualdad
Uno de los aspectos más relevantes del caso es la ausencia de medidas de apoyo adecuadas, entre ellas la figura de la asistencia personal, fundamental para muchas personas con discapacidad física.
La asistencia personal permite que la persona pueda desarrollar su vida laboral con autonomía, facilitando tareas relacionadas con la movilidad, el acceso al entorno o determinadas actividades que no afectan a sus capacidades profesionales, pero sí a su ejecución práctica.
En el caso de María, según se ha denunciado, no se contempló la posibilidad de incorporar este tipo de apoyo como ajuste razonable, lo que habría permitido garantizar el desempeño de su puesto en igualdad de condiciones.
Una realidad que va más allá de un caso individual
La situación de María no es un hecho aislado. Diferentes profesionales y activistas denuncian que aún persisten barreras estructurales que limitan el acceso al empleo de las personas con discapacidad, especialmente cuando se trata de mantener un puesto de trabajo en condiciones de igualdad.
Los datos reflejan esta realidad: la tasa de empleo de las personas con discapacidad en España se sitúa en torno al 28,9%, muy por debajo de la población sin discapacidad. A esto se suma una brecha salarial significativa y un elevado número de personas en desempleo de larga duración.
Mujeres con discapacidad: mayor vulnerabilidad
El impacto es aún mayor en el caso de las mujeres. La participación laboral femenina dentro del colectivo sigue siendo inferior, y las diferencias salariales persisten incluso dentro de la propia discapacidad.
A esta desigualdad se añaden experiencias de discriminación que, en muchos casos, comienzan desde etapas tempranas y continúan en la vida adulta, dificultando el desarrollo profesional.
Incertidumbre y desgaste emocional
Mientras su caso sigue sin resolverse, María afronta una situación de incertidumbre que también ha afectado a su bienestar emocional. La imposibilidad de trabajar, unida a la falta de respuestas, ha generado un proceso difícil de gestionar.
“Después de toda una vida preparándote, lo mínimo es poder ejercer en condiciones justas”, reclama.
Un reto pendiente: garantizar derechos reales
Este caso vuelve a evidenciar la necesidad de avanzar hacia un modelo en el que las personas con discapacidad no solo accedan al empleo, sino que puedan mantenerlo con garantías, sin enfrentarse a decisiones opacas o a barreras administrativas.
Porque más allá de las cifras, hablamos de proyectos de vida que no deberían quedar en pausa por falta de ajustes, transparencia o igualdad de oportunidades.
