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Se publica un estudio sobre los efectos del cambio climático en la vida de las personas con discapacidad

Se publica un estudio sobre los efectos del cambio climático en la vida de las personas con discapacidad

¿Cómo afecta el cambio climático a las personas con discapacidad? A esa pregunta trata de dar respuesta el estudio ‘#EcoINCLUSIÓN: Las personas con discapacidad ante la emergencia climática’, elaborado por el Real Patronato sobre Discapacidad.

El cambio climático está afectando a millones de personas en todo el mundo, pero sus impactos son especialmente graves en quienes viven con una discapacidad. Los desastres naturales, las sequías y otros fenómenos asociados no solo ponen en riesgo su salud, sino también su autonomía y la posibilidad de acceder a los apoyos que necesitan en su vida diaria.

Las personas con discapacidad y sus familias enfrentan una mayor vulnerabilidad frente a los efectos del cambio climático. A menudo se encuentran en desventaja debido a su situación económica, su estado de salud y las barreras que surgen en la información, la participación comunitaria o los protocolos de rescate. Además, enfrentan mayores gastos, menores ingresos para adquirir alimentos de calidad y discriminación por razones de género o edad. En situaciones extremas, las mujeres con discapacidad son más propensas a sufrir violencia, especialmente durante desastres naturales y olas de calor.

Interrupción de servicios

Los servicios esenciales, como los de rehabilitación, integración social y autonomía personal, suelen interrumpirse durante emergencias climáticas. A ello se suma que los sistemas de salud, protección social y alerta temprana carecen de accesibilidad, lo que deja a muchas personas en completa desventaja, en particular a quienes viven en zonas rurales.

En el ámbito de la salud, el cambio climático profundiza las desigualdades en la atención hospitalaria. La interrupción de la atención continua y la pérdida de apoyos vitales, como gafas, audífonos o sillas de ruedas, agravan la situación.

El impacto también se refleja en el ámbito laboral. Muchas personas con discapacidad ya enfrentan dificultades para acceder a un empleo debido a la discriminación y a la falta de educación inclusiva.

Con el cambio climático, las oportunidades se reducen aún más, dificultando mantener o recuperar un trabajo. Además, quienes dependen de equipos eléctricos, como respiradores o dispositivos médicos, viven con la preocupación constante por el alto costo de la energía y los apagones.

La movilidad es otro gran desafío. El cambio climático obliga a muchas personas a desplazarse de sus hogares, pero las personas con discapacidad tienen menos recursos para hacerlo y dependen de apoyos específicos. Esto las expone a permanecer en lugares peligrosos o a sufrir accidentes en traslados inseguros. Al reubicarse en otras ciudades o países, encuentran obstáculos en el transporte, el alojamiento y el acceso a servicios básicos. Quienes requieren asistentes personales enfrentan aún más dificultades para adaptarse a nuevos entornos.

Las consecuencias de los desastres naturales sobre la infraestructura —como carreteras dañadas, ascensores fuera de servicio o rampas destruidas— agravan la incomunicación y el aislamiento. Todo esto deja en evidencia que el cambio climático no solo es un problema ambiental, sino también una cuestión de derechos humanos, que exige respuestas inclusivas y accesibles para proteger a las personas con discapacidad en todo el mundo.

Llamada a la acción

El estudio sobre cambio climático y personas con discapacidad también incluye claves para pasar a la acción. Entre ellas, considera «fundamental» garantizar la participación de las personas con discapacidad en las decisiones y planes de respuesta a desastres. Las políticas deben asegurar accesibilidad universal, formación a profesionales y a las propias personas con discapacidad, así como información clara y adaptada.

Además, se requiere un teléfono de emergencias accesible, espacios de diálogo sobre ecología y discapacidad, apoyo laboral y económico. Asimismo, se explicita la necesidad de protocolos específicos que protejan a quienes dependen de dispositivos electrónicos durante apagones o desastres.

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