La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU continúa siendo, más de una década después de su entrada en vigor, el principal instrumento internacional para la defensa de los derechos humanos de este colectivo.
Firmada en Nueva York en 2008 en el marco de Naciones Unidas, la Convención supuso un cambio de paradigma al reconocer que la discapacidad no reside únicamente en la persona, sino que surge de la interacción entre las deficiencias individuales y las barreras sociales, actitudinales y del entorno. La convención fue adoptada en 2006, por lo que este año se celebra su vigésimo aniversario.
El texto establece que la discriminación por razón de discapacidad constituye una vulneración de la dignidad y del valor inherente del ser humano, y sitúa en el centro principios como la autonomía personal, la independencia, la igualdad de oportunidades, la no discriminación y la accesibilidad universal. Desde su preámbulo, la Convención subraya además la necesidad de garantizar la participación activa de las personas con discapacidad en la toma de decisiones públicas, así como la especial vulnerabilidad de mujeres y niñas con discapacidad.
Entre sus pilares fundamentales figuran las obligaciones de los Estados parte, recogidas en el artículo 4, que incluyen la adopción de medidas legislativas, administrativas y penales para eliminar cualquier forma de discriminación. Asimismo, se insiste en la provisión de información y servicios accesibles, la formación adecuada de los profesionales y la promoción de una toma de conciencia colectiva sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Protecciones específicas
La Convención protege de forma específica ámbitos clave como la igualdad ante la ley, el acceso a la justicia, el derecho a la vida, la libertad, la integridad personal y la protección frente a la tortura, la explotación o los abusos. A estos derechos se suman otros esenciales para la vida independiente y la inclusión comunitaria, como la movilidad personal, la educación inclusiva, la atención sanitaria adecuada, el empleo digno y la protección social.
Especial atención merece la infancia con discapacidad. Organizaciones como el CERMI han advertido de que niños y niñas con discapacidad, junto a sus familias, están más expuestos a la quiebra de sus derechos, especialmente por la falta de apoyos y recursos en etapas decisivas de su desarrollo. En España, según datos del INE, más de 106.000 menores de entre 6 y 15 años presentan alguna discapacidad, una realidad que exige políticas públicas sólidas y coordinadas en los ámbitos educativo, social y sanitario. La situación se agrava en el caso de las niñas con discapacidad, que sufren múltiples formas de discriminación, y en contextos de mayor vulnerabilidad social, como el medio rural, la migración o la exclusión económica.
Desafíos pendientes
En cuanto al seguimiento y aplicación del tratado, la ONU estableció mecanismos como la creación de un Comité específico, la elaboración periódica de informes y la cooperación internacional. Sin embargo, los informes recientes del movimiento asociativo evidencian que, pese a avances relevantes como el reconocimiento de la capacidad jurídica o la erradicación de prácticas como la esterilización forzosa, persisten importantes desafíos. La accesibilidad universal sigue siendo una de las principales asignaturas pendientes, al igual que la protección efectiva de los derechos de las personas mayores y de las mujeres con discapacidad.
En este contexto, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad sigue siendo una herramienta imprescindible no solo para la proclamación de derechos, sino para evaluar de manera crítica el grado de cumplimiento real y avanzar hacia una sociedad verdaderamente inclusiva, en la que todas las personas puedan participar en igualdad de condiciones.
