El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha solicitado a la Dirección General de Tráfico (DGT) que modifique la regulación del dispositivo de preseñalización V-16 para evitar posibles situaciones de discriminación hacia conductores con discapacidad física.
Desde el 1 de enero de 2026 es obligatoria la utilización de la baliza V-16 conectada en caso de avería o accidente en carretera. Este dispositivo debe colocarse en el punto más alto posible del vehículo, generalmente el techo, sustituyendo definitivamente a los triángulos de emergencia.
Sin embargo, el CERMI ha advertido de que esta obligación puede generar una situación de imposibilidad material para determinadas personas con movilidad reducida, usuarias de silla de ruedas o personas de talla baja —como en el caso de la acondroplasia— cuando viajan solas.

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Una norma que puede generar discriminación indirecta
En un escrito dirigido al director general de Tráfico, Pere Navarro, la plataforma representativa de la discapacidad en España ha trasladado su preocupación ante el hecho de que, en algunos casos, colocar la baliza en el techo no es simplemente difícil, sino físicamente imposible.
No poder cumplir con la normativa podría derivar en sanciones administrativas por una circunstancia directamente vinculada a la discapacidad de la persona conductora. Según el CERMI, si no se contemplan excepciones o alternativas razonables, esta situación podría constituir un supuesto de discriminación indirecta.
La paradoja, señalan desde la entidad, es que la baliza V-16 nació precisamente como una alternativa más segura e inclusiva frente a los triángulos de emergencia. Sin embargo, su regulación actual podría dejar fuera a determinadas personas con discapacidad física.
Propuestas para garantizar seguridad e igualdad
Ante esta situación, el CERMI ha solicitado formalmente a la DGT:
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Establecer una excepción específica para conductores con discapacidad física que no puedan colocar el dispositivo en el techo por sí mismos.
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Regular modos alternativos de ubicación segura y visible del dispositivo.
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Incorporar estas previsiones en las instrucciones y disposiciones técnicas que desarrollan la obligatoriedad del sistema.
Desde la organización insisten en que una adaptación normativa de este tipo no compromete la finalidad de seguridad vial que persigue la medida, pero sí garantiza el respeto al principio de igualdad de trato y la aplicación de ajustes razonables.
Asimismo, el CERMI ha manifestado su plena disposición a colaborar con la DGT para encontrar soluciones que compatibilicen la máxima seguridad en carretera con los derechos de las personas con discapacidad.







