El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de reforma de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, así como de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.
Esta medida busca garantizar la accesibilidad universal, mejorar la atención a las personas con discapacidad y adaptar la legislación española a normativas internacionales como la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Viviendas accesibles: un derecho innegociable
El anteproyecto contempla la obligatoriedad de realizar obras de accesibilidad en edificios de viviendas donde residan personas con discapacidad. Estas reformas, que incluyen la instalación de rampas o videoporteros, se consideran un derecho subjetivo y no solo un principio orientador de las normas.
Además, se establece que las comunidades de vecinos deberán gestionar subvenciones para estas obras. En caso de negativa, los afectados podrán recurrir a la justicia para hacer valer su derecho. Según estimaciones oficiales, cerca de 100.000 personas mayores o con discapacidad viven confinadas en sus hogares debido a barreras arquitectónicas.
Accesibilidad en el sistema sanitario y más derechos sociales
El nuevo texto también prohíbe la discriminación por discapacidad en seguros de salud y regula el acceso a la autonomía personal y la vida independiente. Entre las medidas, se asegura la accesibilidad universal en diagnósticos, tratamientos y demás servicios sanitarios.
Asimismo, se refuerzan derechos en educación inclusiva, la imagen social positiva de las personas con discapacidad y los ajustes razonables para su participación plena en todos los ámbitos.
Creación de un Fondo Estatal de Accesibilidad Universal
Para hacer frente a la falta de recursos, el anteproyecto incluye la creación de un Fondo Estatal de Accesibilidad Universal. Este fondo financiará medidas como rampas, códigos QR y otros elementos que garanticen la accesibilidad universal.
Nuevas medidas para personas dependientes
La reforma elimina recortes históricos del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Entre las novedades:
- Ampliación de la asistencia personal, que se integrará en los servicios autonómicos.
- Fin de la incompatibilidad entre ciertas prestaciones económicas.
- Inclusión de nuevos tipos de vivienda, como viviendas compartidas o comunitarias, para recibir apoyos.
- Exclusión de la vivienda habitual al calcular el copago de servicios de dependencia.
Además, los cuidadores no profesionales ya no tendrán que ser familiares directos, ampliando las posibilidades de cuidado.
Una legislación centrada en las personas
El anteproyecto busca poner a las personas en el centro, promoviendo su autonomía y respetando sus decisiones. También introduce definiciones clave como «capacitismo» e «institucionalización», con el objetivo de erradicar estas prácticas y fomentar una sociedad más inclusiva.
Desde ASPAYM Murcia celebramos estos avances, que representan un paso fundamental para garantizar la igualdad de oportunidades y una vida plena para las personas con discapacidad. Seguiremos trabajando para que estas medidas se implementen de forma efectiva y lleguen a quienes más lo necesitan.
